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Estas en: Justicia e interior | El Gobierno de España asume la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a Andorra

lunes, 22 de abril de 2019
lunes, 19 de noviembre de 2018

El Gobierno de España asume la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a Andorra

La ministra Meritxell Batet dice que este acuerdo de la Comisión Bilateral demuestra el compromiso para buscar alternativas al cierre de la Térmica y reafirma la exigencia de compensaciones, una estrategia de alternativas y la implicación de Endesa.
Fomento completará con la aportación autonómica un informe para priorizar y agilizar la ejecución de infraestructuras estatales. Otros acuerdos reducen la conflictividad entre ambas administraciones en materia de contratación pública.
Reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado en Zaragoza

El Gobierno de España se ha comprometido hoy a asumir la segunda fase del proyecto de elevación de aguas del Ebro a Andorra. Este proyecto es uno de los acuerdos que se han alcanzado hoy en Zaragoza durante la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado.Antes de partir hacia Bruselas para la defender la necesidad de fondos europeos para el corredor Cantábrico-Mediterráneo, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha saludado a la ministra de Política Territorial y Funcion Pública, Meritxell Batet, que encabezaba la delegación estatal.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que encabezaba a su vez la delegación aragonesa, también ha recibido a la ministra a su llegada al Pigatelli y antes del término de la Bilateral -porque también tenía que ir a Bruselas- ha comparecido ante los medios de comunicación y ha subrayado que el proyecto de elevación de aguas a Andorra es imprescindible para el desarrollo industrial y también para los regadíos sociales previstos en esta comarca, sobre la que en los últimos días se ha precipitado el anuncio por parte de Endesa del cierre de la Central Térmica turolense. 

La ministra Meritxell Batet, ha comparecido ya al término de la Bilateral y ha subrayado que la asunción de la segunda fase de la elevación de aguas a Andorra por parte del Gobierno de España demuestra su compromiso con esta zona de Teruel. Ha subrayado que el Gobierno quiere dar la máxima urgencia a este proyecto y que su ejecución a través de Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., ACUAES, agilizará las obras al no ser necesarios acuerdos presupuestarios.

El consejero de Presidencia ha recordado previamente que la primera fase de la elevación de aguas a Andorra supuso una inversión de 22 millones de euros que la segunda requiere otros 20 millones de euros, aunque hasta ahora el proyecto llevaba más de diez años pendiente de desarrollo.

La redacción del proyecto de elevación de aguas del Ebro a Andorra ha sido realizada por la Administración autonómica a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA). El proyecto se remitió en su día al Gobierno central, pero hasta ahora no se había dado ningún paso para llevarlo adelante. Se trata de una obra declarada de interés general que estaba en el convenio suscrito de 8 de abril de 2008 con la encomienda de gestión de ésta y otras actuaciones.

Respecto al cierre de la Térmica anunciado por Endesa -propiedad en un 70%, de la eléctrica estatal italiana Enel-, Meritxell Batet ha precisado en primer lugar que el problema ha estallado después de “seis años de desidida” por parte del anterior Gobierno central pese a la insistencia del Gobierno de Aragón en buscar soluciones.

Y ha reafirmado la posición que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya transmitió recientemente al presidente de Aragón, Javier Lambán, el Ayuntamiento de Andorra y los agentes sociales, en el sentido de que es “imprescindible” un plan de acompañamiento del cierre con las correspondientes compensaciones, un plan estratégico de transición que permita buscar alternativas y la implicación de la empresa titular de la Térmica.

Batet también ha puntualizado que Endesa todavía no ha presentado la solicitud de cierre y que la respuesta del Gobierno ha de estar vinculada a la situación económica de los trabajadores y todos los afectados.

Por su parte, Guillén ha indicado que el Gobierno siempre puede poner sobre la mesa la necesidad de garantizar el suministro y que un eventual cierre parcial con un funcionamiento de 1.500 horas al año, equivalente a más de dos meses, permitiría conservar temporalmente parte de la plantilla y daría más tiempo para la búsqueda de alternativas generadoras de empleo en la comarca.

Despoblación y financiación
La despoblación ha sido otro de los grandes asuntos abordados en esta Comisión Bilateral. La ministra de Política Territorial y Función Pública ha recordado al respecto que el Gobierno ha dado “la máxima importancia” al Reto Demográfico con la creación de un Comisionado específico para esta materia y ha anunciado la presentación de una estrategia de actuación en 2019.

Ha asegurado que el Gobierno facilitará un acuerdo multilateral de todas las Comunidades en la negociación del sistema de financiación autonómica para introducir en la asignación de recursos criterios como la despoblación, el envejecimiento o también la población flotante. Y también que impulsará estos mismos criterios en los mecanismos de financiación de la Unión Europea actualmente en elaboración para el próximo periodo de fondos comunitarios.

Asimismo, se he llegado a un acuerdo para constituir un grupo de trabajo para el desarrollo del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, referido al Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. El consejero ha explicado que, a pesar de que en la anterior Comisión Bilateral se acordó constituir dicho grupo de trabajo, por parte del anterior Gobierno de España no hubo interés en crearlo. En esta ocasión, se ha acordado con la ministra Batet que se constituirá a la mayor brevedad posible y que estará formado por tres personas por parte del Gobierno de España y tres del Gobierno de Aragón.

Menos conflictividad institucional
Otro de los puntos del día han sido las controversias competenciales entre las dos Administraciones. En este sentido, el consejero Guillén ha destacado que se han alcanzado tres acuerdos que tienen “una gran importancia para Aragón”. En primer lugar, se ha llegado a uno para modificar, a través de una reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, el artículo 118 de la Ley de Contratos de Servicios Públicos. Esta ley que aprobó el Gobierno de España había sido recurrida en gran parte por el Gobierno de Aragón ya que afectaba fundamentalmente a los contratos menores “que tienen una incidencia muy especial en una Comunidad Autónoma tan despoblada como Aragón”, según ha señalado Guillén.

Esta ley definía los contratos menores como aquellos elaborados entre la Administración y un particular y tenían un límite de 40.000 euros como Obras y Servicios y hasta 15.000 euros en el resto de contratos. La ley planteaba una dificultad “porque constreñía a que los pequeños empresarios que operan en nuestra Comunidad Autónoma solo tenían la posibilidad de ir a un contrato, no les dejaban unir varios”, ha apuntado el consejero.

Esto resulta pernicioso tanto para las administraciones locales como para los propios empresarios pequeños que operan en el territorio. Asimismo, afectaba a los contratos en los institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza, pues se generaban problemas de competencias con otros operadores que iban a proyectos de investigación.

Entre los acuerdos alcanzados en relación con las controversias competenciales, se encuentra en segundo lugar el desistimiento parcial de los dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado respecto a algunos artículos del Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda y de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con esta medida se levantará la suspensión del Tribunal Constitucional de manera que el Gobierno de Aragón, tal y como se ha comprometido, podrá comenzar a desarrollar la normativa de las condiciones económicas para que se produzca la cesión de las viviendas desocupadas pertenecientes a las entidades bancarias, empresas inmobiliarias y grandes tenedores de vivienda.

Se trata de una medida fundamental para garantizar el derecho a la vivienda y desarrollar las políticas sociales en materia de vivienda social. Tal y como ha explicado Guillén, “servirá para que los grandes tenedores de vivienda puedan poner a disposición del Gobierno de Aragón las viviendas tras una compensación económica justa”. El acuerdo supone que el Estado desistiría parcialmente respecto del contenido de los citados recursos; concretamente el referido a los artículos 12 del Decreto-Ley y 24 de la Ley, ambos referidos a la “Cesión y uso de viviendas desocupadas”.

El recurso de inconstitucionalidad, por otra parte, se mantendría respecto de los artículos 9 del Decreto-Ley y 20 de la Ley, referidos ambos a la “Suspensión de lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad”. Asimismo, se mantendría respecto a las disposiciones transitorias segunda del Decreto-Ley y segunda, también, de la Ley, vinculadas ambas a la suspensión de lanzamientos, es decir, a los artículos 9 y 20 citados de ambas normas legales.

En tercer lugar, el consejero de Presidencia ha informado del acuerdo alcanzado para resolver las discrepancias sobre la liquidación de la aportación estatal a Aragón en el marco de los convenios suscritos para el control de las Incapacidades Temporales. Las cantidades que el Gobierno de España adelanta a las Comunidades Autónomas para hacer frente a las incapacidades temporales son suponen “un anticipo previo, siempre menor que la cantidad que ha presupuestada y ahí se produce una disparidad siempre a favor del Gobierno de España”, ha explicado Guillén y que supone una pérdida para el Gobierno de Aragón que se puede evaluar en, aproximadamente, 1.700.000 euros.

Infraestructuras
En el apartado de inversiones estatales en infraestructuras de transporte y de aguas, aparte del compromiso sobre la elevación de aguas a Andorra, la ministra ha explicado que ambos gobiernos analizarán el grado de ejecución y realización de los compromisos adquiridos y a partir de ahí el Ministerio de Fomento completará un informe para priorizar las actuaciones y desarrollarlas “lo más rápido que podamos”.

El consejero de Presidencia ha recordado por su parte que durante los últimos años las inversiones del Estado consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para Aragón no se venían ejecutando en la mayoría de los casos.

El informe del Ministerio de Fomento anunciado hoy concretará las acciones sobre los asuntos que a este respecto ha visto hoy la Comisión Bilateral:
-Actuaciones en relación con el desdoblamiento de la N-II y la N-232.
-Actuaciones en relación con la A-40 (tramo Cuenca-Teruel) y la N-260, según acuerdos adoptados en anteriores sesiones de la Comisión Bilateral.
-Actuaciones en relación con la variante de Alcorisa.
-Inversiones en la línea ferroviaria del Canfranc.
-Inversiones en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
-Inversiones y desvío obligatorio de transporte de vehículos pesados por las autopistas AP-2 y AP-68.
-Análisis de las vías de integración del sistema ferroviario de cercanías de Zaragoza en el sistema de movilidad de la capital aragonesa y su entorno.

Asimismo, se ha informado sobre otras infraestructuras hidráulicas:
-Regulación de las balsas laterales del Tastavins y del Algás, en la comarca turolense del Matarraña.
-Plan de prevención para reducir los riesgos de inundación en el tramo aragonés del río Ebro.
-Declaración de zona de urgente actuación para municipios afectados por las inundaciones de las riadas del Ebro de este año.
-Finalización de las obras pendientes en el sistema de regadíos de Monegros II.

Cesión del Pabellón en la Expo
Otro acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral ha sido iniciar la tramitación de la cesión de uso del Pabellón de España en la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008 tan pronto llegue la solicitud formal. El consejero de Presidencia ha avanzado que el Ejecutivo aragonés tiene previsto destinar el edificio, entre otros usos, a actividades de formación profesional, vivero de empresas y sede de los clústeres existentes actualmente y los que se constituyan en el futuro en la Comunidad para impulsar sus respectivos sectores económicos.

Tanto Guillén como Batet han destacado el clima de colaboración y acuerdo existente entre ambas administraciones. El consejero ha agradecido la premura y el esfuerzo del Gobierno central en celebrar esta Comisión que el presidente aragonés, Javier Lambán, solicitó al presidente de España, Pedro Sánchez, el pasado 8 de octubre.

A su vez, la ministra ha subrayado la voluntad del Gobierno del Estado de intensificar la colaboración y la cooperación con todas las Comunidades Autónomas y especialmente con las que tienen una previsión estatutaria de relación bilateral, como Aragón, y también los órganos multilaterales como las conferencias sectoriales, con más de 30 celebradas por el actual Ejecutivo estatal.
 

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