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jueves, 18 de octubre de 2018
martes, 05 de junio de 2018

El Gobierno toma conocimiento de la plantilla de la CTP y sus retribuciones

Los once trabajadores estabilizan así su situación laboral tras la confirmación de Jaca como sede administrativa del consorcio internacional
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un acuerdo por el que se toma conocimiento de la plantilla de personal laboral propio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), se fijan las retribuciones básicas y complementarias de su personal laboral propio y se toma conocimiento de la homologación de sus retribuciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 
Culmina así la adaptación de los once trabajadores que componen la plantilla laboral de la CTP a la legislación aragonesa, un requisito asociado al asentamiento definitivo en Jaca de la estructura administrativa de este consorcio internacional compuesto por siete territorios de tres países que promueve el desarrollo sostenible de toda esta área transfronteriza.
 
En su reciente visita institucional a Jaca, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se reunió ya explicó que se había superado una etapa de cierta incertidumbre sobre el futuro de la sede de la CTP al asumirse la fiscalización del consorcio internacional por parte de la Cámara de Cuentas de Aragón.
 
La Unión Europea y la Administración del Estado obligaban a supervisar las cuentas desde el lugar de la sede, lo que dio una serie de gestiones largas y prolijas que finalmente llegaron a buen puerto y que culminan con el acuerdo adoptado hoy en el Consejo de Gobierno.
 
El Ejecutivo aragonés toma conocimiento de la plantilla del personal laboral propio de la CTP. En segundo lugar fija las retribuciones básicas y complementarias del personal directivo y del resto del personal laboral propio del consorcio, que se actualizarán conforme a lo que establezca cada año la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
 
También se toma conocimiento de la homologación de las retribuciones de los puestos de trabajo de estos empleados de acuerdo a lo establecido en la Ley de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley 1/2017, de 8 de febrero).
 
Finalmente, se aprueba un complemento personal y transitorio para el ocupante del puesto de “Asistente CTP-AG” de 262 euros, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de dicha ley. Este complemento será absorbible de conformidad con lo dispuesto en la correspondiente Ley anual de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 
Las retribuciones establecidas se incorporarán al Portal de Transparencia y se dará cuenta a las Cortes de Aragón.
 
El acuerdo del Consejo de Gobierno recuerda en la parte expositiva que la CTP –integrada por el Principado de Andorra y de las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania y las españolas Navarra, Euskadi, Cataluña y Aragón- es una entidad pública con personalidad jurídica propia que se rige por el derecho público español y por sus propios estatutos. Y que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre), determina que los consorcios quedarán adscritos en cada ejercicio presupuestario a la administración pública que corresponda.
 
Puesto que no hay ningún miembro que tenga mayor participación que otros, mayor número de votos o dominio sobre el nombramiento de sus órganos de gobierno, el consorcio se debe adscribir a aquella administración que tena mayor extensión territorial dado que sus fines y actividades están orientados al desarrollo de actuaciones sobre el territorio, correspondiendo en este caso por tanto a la Comunidad Autónoma de Aragón.
 

El Comité Ejecutivo de la CTP aprobó por unanimidad esta adscripción, ratificada después por el plenario del consorcio internacional en noviembre de 2016 en Burdeos. 

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