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sábado, 22 de septiembre de 2018
martes, 05 de junio de 2018

Aprobado el convenio con la ciudad de Teruel con una dotación de 305.000 euros

El Consejo de Gobierno da luz verde a la subvención para la ejecución de actuaciones encaminadas a la mejora de la estructura local durante este año

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el convenio de colaboración con la ciudad de Teruel correspondiente a este año, destinado a financiar la ejecución de actuaciones incluidas dentro del Programa de Política Territorial y encaminadas a la mejora de la estructura local. Al mismo tiempo se faculta al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, para la firma del convenio en representación del Gobierno de Aragón, que aporta este año al Ayuntamiento de Teruel 304.972 euros.

El objeto del convenio es la mejora de las infraestructuras y la adquisición de equipamientos municipales. En concreto, la aportación autonómica servirá para financiar gastos correspondientes a la redacción (6.050 euros) y ejecución del proyecto anual de asfaltado de calles de Teruel (263.950 €), a la mejora de los parques Plaza del Arrabal y Valparaíso (14.979 €), a la adquisición de bancos y papeleras para la ciudad (4.994 €), y la adquisición de equipamiento para el parque infantil de invierno (14.998 €).

Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, aunque la justificación de las inversiones se realizará hasta el 16 de noviembre. Excepcionalmente, el consejero de Presidencia podrá anticipar el 75% del importe de la subvención, previa solicitud y acreditación por parte de la entidad local beneficiaria, del comienzo de la ejecución de las obras.

El resto de la subvención o ayuda será satisfecho previa justificación del importe total y pago efectivo de los gastos imputables, y también se admite el pago fraccionado de la subvención al ritmo de ejecución de las actuaciones conforme se justifiquen. Las actuaciones subvencionadas deberán estar finalizadas en todo caso dentro del periodo de vigencia del convenio.

El convenio con Teruel se inscribe dentro del esquema todavía vigente, aunque en vía de transformación, de contribución de la Comunidad Autónoma al sostenimiento económico de los municipios y resto de entes locales, aunque la suficiencia financiera de los mismos es competencia directa de la Administración del Estado.

El artículo 160 de la Ley de Administración Local de Aragón (Ley 7/1999, de 9 de abril) y el artículo 9 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), posibilitan que la colaboración económica, técnica y administrativa entre los entes locales y la Comunidad Autónoma se desarrolle con carácter voluntario, pudiendo tener lugar mediante los convenios administrativos que suscriban.

Además, la Ley de Administración Local prevé en otros preceptos un tratamiento específico con el municipio de Teruel dentro del Programa de Política Territorial, destinado a financiar gastos corrientes y de capital de las entidades locales. Este programa se distribuye de forma incondicionada entre todas las comarcas constituidas, mientras que el territorio no comarcalizado, así como los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel, son objeto de convenios específicos.

Este esquema está en proceso de transformación con las leyes de Capitalidad de Zaragoza, ya en marcha, de creación de la Comarca Central, cuyo anteproyecto concluye este mes su tramitación administrativa, y especialmente con el Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM), cuyo proyecto de ley acaba de iniciar su andadura parlamentaria y que sustituirá al actual Fondo de Cooperación Municipal (FCM), de carácter incondicionado pero voluntario, del que están excluidas las tres capitales de provincia, aunque éstas cuentan con convenios específicos como el aprobado hoy. Cuando se apruebe esta ley, todos los municipios aragoneses, incluidos los de Huesca y Teruel (Zaragoza ya tiene la Ley de Capitalidad), contarán con una aportación financiera mínima garantizada y estable a lo largo del tiempo con independencia de los cambios políticos que se produzcan en la Comunidad.
 

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