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lunes, 28 de mayo de 2018
martes, 22 de marzo de 2016

La futura Ley de la Función Pública apuesta por la despolitización y el mérito profesional

La actualización de la vigente regulación de 1986, que afecta a más de 75.000 empleados de las administraciones aragonesas, se someterá a información pública para buscar el máximo consenso social antes de remitirse a las Cortes como proyecto de ley

El Consejo de Gobierno ha tomado hoy conocimiento del anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón, una norma que actualiza y moderniza la regulación de 1986 y que apuesta por la despolitización y la garantía de los méritos de los empleados públicos, entre otras medidas, para disponer de una Administración más eficiente, al servicio de las necesidades y demandas de los ciudadanos, al menos durante las dos próximas décadas.

Por esta razón el propósito del Gobierno es buscar el máximo consenso, primero social a través de los procesos de información pública y negociación colectiva con los representantes de los trabajadores a los que se someterá el anteproyecto –sobre el que habrá que emitir informes-, y después político a través de su debate parlamentario una vez se envíe el texto a las Cortes ya como proyecto de ley.

La necesidad y oportunidad del proyecto se justifica, entre otras razones, por la profunda transformación que experimentaron las Administraciones Públicas aragonesas al erigirse en las principales prestadoras de servicios a los ciudadanos con la descentralización política y las transferencias de sanidad, educación y servicios sociales.

El anteproyecto de ley configura el régimen común y global de la función pública del conjunto de Administraciones Públicas de Aragón, incluyendo en su ámbito de aplicación el personal de la Administración Autonómica, las Administraciones Locales y la Universidad de Zaragoza, así como de las entidades institucionales dependientes de las anteriores.

En este sentido, se pretende modernizar la gestión pública con nuevas herramientas de gestión de personal como la planificación estratégica y reforzando la cooperación entre las Administraciones aragonesas, en particular con la Administración local y la Universidad de Zaragoza.

La nueva regulación permitirá, entre otras cosas, beneficiar la gestión del personal de las Entidades Locales, sobre todo los municipios de reducida población, mayoritarios en la Comunidad Autónoma y con una capacidad limitada para la gestión de recursos humanos. De ahí que se prevea poner a disposición de las entidades que lo requieran una estructura de gestión que permita proveer servicios en materia de función pública, sobre todo de selección y formación profesional, tarea que recaerá en el Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP).

Afecta al 20% de la población activa

La nueva normativa afecta con diferente grado de intensidad a los 75.272 empleados públicos de las administraciones aragonesas, lo que representa el 19,45% de la población laboral de la Comunidad, es decir, a dos de cada diez aragoneses en activo.

Atañe en concreto a los 51.818 empleados de la propia Administración autonómica -incluidos los 23.219 de Sanidad, 14.920 del sistema educativo o los 1.254 de la Administración de Justicia-, de los que el 73,43% son mujeres. Y también afecta a los 5.784 empleados de la Universidad de Zaragoza –particularmente al personal de servicios-, así como a los 17.670 de las Administraciones Locales de la Comunidad.

Sobre a los trabajos de anteriores legislaturas para mejorar la ley del 86 sin que se llegase a reformar, el anteproyecto actual introduce nuevas garantías para los empleados públicos. Primero en el acceso al empleo público, mediante la creación de un Tribunal Administrativo de la Función Pública, integrado por personalidades independientes, que podrá incluso suspender procedimientos selectivos en caso de errores u otras incidencias que así lo aconsejen para evitar perjuicios y conflictos posteriores.

Y en segundo lugar en la provisión de puestos trabajo, estableciendo el carácter excepcional de los puestos de libre designación, la provisión de jefaturas de servicio a través de concurso específico o la designación de los puestos directivos mediante un órgano técnico valoración. Por su parte, y con el fin de velar por la objetividad y la transparencia en la evaluación del rendimiento se establece la creación de una Comisión de Garantías en cada Administración Pública.

Mayor profesionalización

Con éstas y otras medidas se pretende implantar un nuevo modelo de función pública en Aragón. Las garantías del mérito profesional de los empleados públicos se extienden a la función directiva, además de propiciar la profesionalización y despolitización de la función pública.

La nueva norma pretende asimismo desarrollar las competencias de los empleados públicos perfeccionando el modelo de carrera y con un reconocimiento profesional efectivo. El anteproyecto adapta la clasificación profesional al sistema europeo y reduce el número de cuerpos funcionariales -de forma homogénea para el conjunto de las Administraciones aragonesas y sin perjuicio de la autonomía y la legislación básica de régimen local- a tres: el Cuerpo Superior de la Administración para los graduados, el Cuerpo Técnico para los técnicos superiores de formación profesional y el Cuerpo Ejecutivo para el personal de apoyo administrativo y facultativo.

Conciliación y excedencias

Asimismo, se han incorporado al texto legal las situaciones administrativas denominadas de tercera generación, esto es, aquellas que están dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Cabe destacar la creación de una nueva excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público distinta de la actual, que pasa a denominarse por incompatibilidad. También se amplía el ámbito de aplicación de la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar, que viene a alcanzar también a los funcionarios cuyo cónyuge o persona que se encuentre ligada de forma permanente por análoga relación de afectividad resida en otra localidad por razón de su prestación laboral, ya sea en el sector público o privado.

Al mismo tiempo, se introducen una visión ética con códigos específicos, un catálogo de derechos y deberes de los empleados públicos, garantías de integridad y gestión basada en valores.

Finalmente, la nueva regulación permitirá abrir la Administración a los ciudadanos con publicidad y transparencia en las decisiones sobre empleo público, con un portal de acceso a la función pública de Aragón y mediante la promoción de la igualdad de oportunidades.

Este anteproyecto viene en definitiva a responder al reto de configurar un modelo de función pública con alto grado de profesionalización, imparcialidad y responsable de sus resultados. Un modelo con vocación de servicio público que constituye a la vez una palanca del progreso económico y social de la Comunidad Autónoma.

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